El Estado se compone por un conjunto de instituciones y organizaciones sociales, económicas y políticas, que entre muchas otras cosas, regulan la producción y las relaciones económicas entre los individuos, las familias, las empresas nacionales y extranjeras. Los gobiernos a través de las instituciones y organismos estatales llevan adelante políticas monetarias, fiscales, inversiones a largo plazo, toma de deuda, como otras medidas con el anhelo de impactar en indicadores tales como son las inversiones realizadas por privados nacionales, posicionamiento de organismos multilaterales, la inflación, el empleo, el salario y la pobreza, con el fin de alcanzar objetivos relacionados al bienestar y el crecimiento del grueso de la sociedad. La relación entre los Estados Democráticos y la Economía va a depender del tipo de intervención que decida llevar adelante el gobierno a cargo. En este sentido podemos diferenciar economías de libre mercado en las que la intervención es mínima y otras de corte socialistas donde es mayor la intervención.
Avanzado específicamente sobre las funciones que lleva adelante el Estado, comenzaremos por la regulación la actividad Económica mediante tres mecanismos ya mencionados que pasaremos a ampliar:
· La política monetaria: El Banco central de la nación determina la cotización de la moneda, ejecuta políticas cambiarias, concentra y administra la reserva de oro, regula la cantidad de dinero y la tasa de interés de los créditos.
· La política de regulación: En nuestra democracia de corte neoliberal consiste en garantizar la libre competencia y evitar abusos en la actividad económica general, ya sea mediante la regulación de mercados para evitar monopolios,
· la defensa al consumidor o las auditorías internas.
· La política fiscal: Es el instrumento mediante el cual se manejan los tributos y los impuestos de la nación. Estas políticas pueden no estar alineadas con aquellas que son desarrolladas por el banco central.
Por otro lado, tenemos el manejo del gasto público. El estado debe definir una agenda, que luego se verá plasmada en inversiones en sus áreas estratégicas.
Para poder llevar adelante el gasto público los estados deben poder asegurar el financiamiento de los mismos. Aquí encontramos Impuestos, tarifas, permisos, licencias y servicios prestados que sean producto de la actividad estatal, como también, adquirir deuda pública tanto externa como interna por préstamos. La emisión de dinero no se considera una fuente de financiamiento en tanto ésta no puede hacerse sin respaldo del Banco Central. Respecto a las políticas impositivas que inciden en el financiamiento, en tanto determinan las tarifas que deben pagar los ciudadanos, estas se decidirán en el Congreso mientras que los impuestos locales o indirectos están manejados por entes descentralizados.
Por último queda la administración de los ingresos. Esta función se desdobla en la conformación del tesoro nacional y la creación de fondos de reserva. Estas reservas serán la garantía y representarán la capacidad de pago del estado al presentarse a compromisos internacionales.
El Estado Argentino a lo largo de su historia ha llevado políticas económicas heterogéneas, pues ha cambiado tanto sus gobiernos, como sus prioridades políticas y estructuras burocráticas de manera significativa, sin embargo, en gran parte de su historia ha llevado adelante todas las funciones planteadas más arriba, aunque no pueda alcanzar exitosamente los objetivos que persigue en su intento por conseguir el bienestar y el crecimiento del grueso de la sociedad. Actualmente identificamos a nuestra economía como un sistema económico abierto con endeudamiento externo. El mismo no logra asegurar un crecimiento de su Producto Bruto Interno y, de hecho, se encuentra realizando medidas restrictivas sobre el campo popular para frenar el daño causado por la crisis financiera que tuvo comienzo en el gobierno de Mauricio Macri. Tampoco puede generar un crecimiento del empleo, ni mucho menos apuntar a alcanzar un uso eficiente de los recursos, estabilidad social o una baja de la inflación sufrida por la canasta básica. Por último nuestra balanza comercial y de pagos de la deuda actualmente está en su momento más crítico.
Hoy día las políticas económicas apuntan a reactivar nuestra economía que enfrenta toda clase de inconvenientes. Para empezar nuestro país importa más infraestructura de la que exporta, con lo cual, afrontamos una producción cada vez más cara que redunda en un volumen cada vez menor, mermando la oferta en lo que respecta a variedad y calidad. La menor oferta agregada condiciona aún más a la producción, pues en caso de darse una baja de la demanda de los pocos productos que generamos podríamos enfrentar una crisis aún peor. Por otro lado, el precio de nuestra principal commodity, la soja, se encuentra en su máximo precio y en gran volumen de demanda. Esto podría manifestarse en unos meses en impulsos que sirvan a una mayor estabilidad y un mayor margen de administración.
En otro orden, la deuda adquirida para invertir en infraestructura no termina de asegurar el crecimiento, pues no supone un ahorro local y el estado debería poder generar las condiciones para garantizar la capacidad de acumulación.
En este sentido, el Estado Argentino se encuentra afrontando una expansión de su poder ejecutivo en todos sus niveles, en tanto ha creado nuevos organismos y ha desarrollado más canales de acción a la interna de sus instituciones preexistentes. Hay sectores que interpretan que esta es la causa principal por la cual el gasto público ha alcanzado niveles cercanos al 40% del PBI, sin embargo, nosotros no consideramos que esto sea tan lineal. Si miramos atrás en el tiempo nos encontraremos que teniendo en cuenta los gobiernos Federal, Provincial y Municipal, el gasto público fluctúa alrededor de 25% del PBI desde 1960 hasta 2005; y desde allí alcanzó a representar el 47% en 2016. En relación a esto último, vale la pena preguntarse qué hitos fueron los que llevaron al desarrollo de este desenlace durante el último mandato de Cristina Fernandez. Por ejemplo, el estado entre 2008 y 2011, en su afán de tomar medidas redistributivas, incrementó el gasto en el sistema previsional, incorporó a beneficiarios sin aportes suficientes (moratorias) y realizó aumentos salariales de manera general. Este proceso fue incentivado por los ingresos generados bajo términos de intercambio extraordinarios, es decir subió el precio de los productos exportados (soja), generando un balance positivo frente a los gastos afrontados con los productos importados (infraestructura y tecnología). Este hecho permite reinvertir el dinero recaudado con las retenciones y trasladarlo a sectores vulnerables .
Luego del periodo de alza experimentado durante el primer mandato de la Presidenta Cristina Fernandez, durante su segundo mandato ocurrió un cambio del escenario internacional y los precios de las materias primas exportadas por nuestro país cayeron, cesó la disponibilidad de los recursos generados por el endeudamiento y se disparó un déficit fiscal que implicó inflación (por financiamiento con emisión monetaria) y sobreendeudamiento. Lo anterior terminó, entre otras cosas, por manifestarse en el encarecimiento del sistema previsional. Lo que hace el sistema previsional es aportar recursos mediante jubilaciones o pensiones, que sirvan a estos para satisfacer sus necesidades básicas pero en los términos en los que se plantea, no genera las condiciones para que estos actores se reincorporen a sectores productivos, con lo cual, es sumamente sensible a la baja del presupuesto. Todos estos problemas se vieron acentuados y magnificados durante la presidencia de Mauricio Macri a raíz del brutal endeudamiento acordado con los acreedores internacionales, y posteriores ajustes a los sectores populares.
Actualmente el conjunto de estas medidas representan la mayor porción del gasto público en sus tres niveles, sin embargo, hay instituciones tales como el Banco Interamericano de Desarrollo que indica que la ineficiencia técnica en Argentina significa un exceso de gasto público de 7,2% del PBI. De estos 4,5 puntos porcentuales corresponden a filtraciones en las transferencias; 1,2 puntos porcentuales a mal gasto en compras públicas y 1,5% puntos porcentuales a mal gasto en remuneraciones de personal. Esta mirada institucional de manera solapada propone un recorte de aquellos gastos calificados como eficientes, es decir, exceso de medidas sociales y trabajadores públicos y no pone en tela de juicio la deuda externa.
Entender a quien favorece estas lecturas nos permitirá identificar a los sujetos prioritarios de políticas públicas, contribuirá a optimizar su direccionamiento y contenido.
Resulta interesante analizar los indicadores sugeridos por el docente en la consigna número dos, para con ellos definir umbrales mínimos de bienestar, según niveles universalmente aceptados, los cuales deben ser alcanzados a partir de la cobertura de un cúmulo de necesidades materiales básicas. En el caso del NBI (Necesidades Básicas insatisfechas), como puede ser también, los índices de pobreza infantil serán los que nos permitirán tener una visión técnica de aquello que, aunque parezca evidente y urgente, aún no fue contemplado como una política pública inmediata.
Según el informe de INDEC sobre el MBI del año 2010:
“De acuerdo con este enfoque, se define un concepto de pobreza estructural a partir de indicadores vinculados a condiciones habitacionales esenciales, a la escolarización en el nivel primario de educación formal y a la inserción en el mercado laboral de los integrantes del hogar. Es importante señalar la dimensión que el factor trabajo asume en este contexto conceptual dado su función como generador del poder adquisitivo que permite mantener un determinado nivel de consumo.”.
Las variables y los instrumentos utilizados en las políticas económicas deben no solo contemplar los beneficios y costos inmediatos sino lograr alcanzar una visión que exceda los cortos periodos en los que actualmente se manejan los procesos democráticos y sus cambios de rumbo incesantes. Cuando las intervenciones estatales apuntan a la generación de empleo registrado y estable, habilita la posibilidad del consumo y permite la subsistencia de la población en los términos capitalistas en los que se encuentra cautiva. En este sentido también resulta valioso hacer foco en la reconstrucción de las redes comerciales regionales y los desarrollos productivos sustentables, para con esto generar espacios en los cuales puede expandirse la economía sin la necesidad de tener dependencias tan grandes con los sectores externos financieros. A sabiendas de esto, la Argentina afrontará el desafío de incrementar su participación en la economía global en tanto se acrecienta la crisis sanitaria, pero contará con menos inversión para realizar estas medidas por las mismas razones de donde surgen sus necesidades, y remitiéndose al pasado inmediato, adquirir más deuda no debería ser una opción válida para enfrentar estas problemáticas.
Respecto a otros países, entendemos que comparar los niveles de participación sin ahondar en los detalles sería enfrentar números y estadísticas de manera superficial, y en esta línea interpretamos que no existe un tamaño acertado de estado, sino que se trata del impacto que puede alcanzar el conjunto de las políticas económicas en el largo plazo y la administración de los recursos humanos que trabajan en él. Por tomar un parámetro, la cifra de empleados públicos como porcentaje de la fuerza laboral en la Argentina equivale al 18% de la población ocupada del país. Este número la posiciona por encima de los principales países de América Latina, pero está por debajo de naciones de la zona nórdica, como Noruega, Dinamarca y Suecia, y de otros países desarrollados. | Según los especialistas, no existe un tamaño óptimo de Estado, sino que lo que importa es la calidad y administración de los recursos humanos que trabajan en él. En los países nórdicos, el gasto público oscila alrededor del 50% del PBI; aquí se inscriben Finlandia (58%), Dinamarca (57%), Suecia (50%) y Noruega (45%), mientras que Uruguay (32%) o Chile (26%), el gasto público se ubica en el rango del 30% del PBI. Estos datos muestran que la experiencia internacional es muy variada tanto que no permite avalar una relación lineal y directa entre tamaño del Estado y prosperidad.
El Estado no debe contraerse sino por el contrario “desprivatizar” amplias áreas del sector público donde se han enquistado empleo público espurio, ineptitud, mafias y redes de corrupción.
Consideramos que es clave desmitificar la idea de que para generar más presencia del Estado se requiere más gasto público. Por el contrario, el Estado presente es el que asigna y administra eficientemente sus recursos.
Dornbusch y Fischer realizan un recorte temporal para comparar el incremento del PBI en algunos países del mundo. Se observa que la Argentina ha tenido un desempeño muy por debajo de los países con los cuales es comparado.
Consideramos necesaria la incorporación de diversas aristas que nos permitan complejizar este fenómeno para no caer en una mirada reduccionista que no dé cuenta del entramado que subyace a cualquier toma de decisión en relación a la economía de un país.
Siguiendo el análisis de Katz y Cosacoff (1989) observamos que la historia del desarrollo de la industria en Argentina, da cuenta de que han existido serios problemas de articulación entre la industria y las fuentes de financiación del crecimiento. Hay en particular dos problemas que los autores consideran que han sido permanentes y que han caracterizado al proceso de industrialización a lo largo de la historia. Por un lado, la falta de una estrategia de largo plazo que definiera criterios estables para la canalización del ahorro interno y para el uso del financiamiento externo y, por otro lado, la casi total inexistencia de un mercado de capitales de mediano y largo plazo.
Los mismos autores establecen que en una visión global pueden definirse dos etapas bien diferenciadas en las modalidades de financiamiento de las actividades manufactureras. La primera ubicada a mediados de los años cuarenta con la creación del Banco Industrial en 1944 y con la reforma financiera de 1946. Esta implicó la nacionalización de los depósitos y el establecimiento de líneas de redescuento para el desarrollo de varias actividades manufactureras. El punto de quiebre entre esta etapa y la posterior puede ubicarse en la finalización de la década de los años setenta, momento en que el gobierno militar implementó un drástico programa monetario y de apertura financiera inspirado en las enseñanzas del enfoque monetario del balance de pagos.
A partir de 1977 se modificaron sustancialmente varios aspectos de financiamiento industrial. La liberalización de la tasa de interés, la eliminación de líneas de redescuento específicamente dirigidas a la industria, la vinculación del mercado doméstico con el mercado internacional de capital y las modalidades de los nuevos regímenes de promoción industrial fueron los núcleos centrales de la política de financiación industrial durante estos años.
En marzo de 1976 la Junta Militar reemplaza al gobierno civil en el marco de una situación caótica e intenta desregular y abrir la economía apoyándose en una masiva represión social. Desde fines de 1978 se decide utilizar el tipo de cambio real como instrumento antiinflacionario preanunciado. Se supone así que las tasas de interés y de inflación doméstica habrán de «converger» hacia los valores internacionales en el contexto de una situación completamente abierta al movimiento de bienes y capitales con el exterior. Sin embargo tal convergencia no tuvo lugar y por el contrario la sobrevaluación del peso afectó fuertemente al sector industrial; este fenómeno, sumado a la existencia de altas tasas de interés real, a la reducción de tarifas, y a la contracción del mercado doméstico, por el bajo nivel de demanda y por la creciente competencia de sustitutos importados, acabó superando toda posibilidad de ajuste competitivo por parte del empresario doméstico.
Desde fines de la década de 1970, la financiarización y las corporaciones trasnacionales se convirtieron en el núcleo del capitalismo de los antiguos países centrales del Atlántico Norte. Allí se instaló el paradigma neoliberal y la subordinación al dominio de las fuerzas del mercado global. En mayor o menor medida, los países de América Latina sufrieron la crisis de deuda externa de la década de los ochenta y, por sus propias debilidades internas, volvieron a subordinarse al pensamiento de las economías centrales, en su versión del “Consenso de Washington” (Ferrer 2013).
Al llegar la década del 90, durante la presidencia de Carlos Menem, se instaló el decálogo menemista de la reforma del Estado y con él la ley de convertibilidad que estaría vigente hasta principios del 2002, año en que fue derogada, frente a un contexto de una fuerte crisis económica, política y social.
Retomando la pregunta inicial acerca de las razones por las cuales la Argentina tuvo una pobre participación en la tasa del desempeño del PBI per cápita, durante el periodo de 40 años que va desde 1965 al 2004, el texto de Dornbusch y Fischer explica que los determinantes más importantes del crecimiento del PIB son el progreso técnico, el aumento de la oferta de mano de obra y la acumulación del capital, hechos que no pudieron sostenerse en nuestro país, por períodos de largo plazo.
La historia nacional da cuenta de que no existe una linealidad en cuanto a la configuración de los procesos económicos. Argentina es un país que inició un proceso de industrialización acompañado de una gran inestabilidad en la política local y un contexto internacional donde se estaba reconfigurando el nuevo orden mundial. En aquel nuevo orden, las economías latinoamericanas quedaron supeditadas a las economías de los países desarrollados, marcando así el rumbo de las políticas económicas de toda la región.
La baja participación de una economía frente a otras no puede explicarse sólo por la expresión porcentual de un dato, resulta fundamental comprender cómo se fue configurando el nuevo orden mundial a partir del ascenso de los nuevos actores de poder, en el escenario internacional.
b) En el cuadro presentado por Dornbusch y Fischer, Argentina es comparada con otros países en función del desempeño del PBI per cápita. Este grupo no resulta relevante para medir el bienestar de un país, dado que es un recorte porcentual, que no da cuenta del rol que tiene en la economía mundial cada uno de los países, ni contextualiza ese número en función de los procesos sociales, históricos y políticos que acontecieron y configuraron su rol específico durante el periodo seleccionado, en la economía mundial. Este tipo de comparaciones sirve para imponer y reproducir modelos dominantes. En este punto adherimos a la idea expuesta por Ferrer (2013) quien establece que “es en el espacio del ejercicio del poder dentro del cual las potencias dominantes establecen, en cada periodo histórico, las reglas del juego que articulan el sistema global. Uno de los principales mecanismos de la dominación radica en la construcción de teorías y visiones que son presentadas como criterios de validez universal pero que, en realidad, son funcionales a los intereses de los países centrales.” Siguiendo con la idea inicial no resulta casual la aparición de este tipo de comparaciones en manuales de macroeconomía editados por las economías centrales que tienen un amplio marco teórico para justificar la funcionalidad de sostener a las economías desarrolladas a costa de las regiones subdesarrolladas. Cada uno de nuestros países ha construido su propia historia, pero la persistencia del subdesarrollo y la dependencia en América Latina, luego de haber transcurrido dos siglos desde la independencia, revela que nuestras respuestas a la globalización, a lo largo del tiempo, no fueron acertadas. Fue por ello que resultó urgente fomentar nuevos estudios regionales, para generar nuevos marcos teóricos acordes a las realidades de la región y de ese modo poder empezar a proyectar un desarrollo económico, a partir de las características propias de la región.
Autores como Nahon, Rodriguez Enriquez y Schor identificaron que, según la teoría neoclásica, el factor que impedía el desarrollo económico en los países subdesarrollados era la incapacidad de alcanzar en profundidad las virtudes propias de una economía exitosa. Esto ocurría porque se pretendía promover el desarrollo a partir de la intervención y planificación estatal. El énfasis de esta corriente de pensamiento no estuvo puesto en comprender las razones de las crisis de crecimiento que sufrían los países del Tercer Mundo, sino en elaborar un conjunto de sugerencias de política a aplicar, con el objetivo enunciado de sobreponerse a la crisis y retomar la senda del crecimiento. El concepto de desarrollo, no formó parte de la discusión, ya que la idea imperante era lograr, a través de un conjunto determinado de políticas, que las economías emergentes en primer lugar se estabilizaran y, a partir de allí, crecieran, para luego derramar los beneficios de este crecimiento, casi automáticamente, a todos los estratos de la sociedad. El desarrollo se consideraba inherente al crecimiento económico.
Fue por ello que resultó necesario para la región latinoamericana poder estudiar lo que Nahon, Rodriguez Enriquez y Schor denominaron como el campo del desarrollo del subdesarrollo. El mismo aborda el estudio de las causas y los determinantes de los procesos de desarrollo económico, político y social, así como la búsqueda de las políticas concretas que los potencien, en un tipo particular de sociedades, las denominadas sociedades subdesarrolladas.
Existió en la región un primer momento de desarrollo industrial, que fue impulsado desde el Estado a partir del modelo de industrialización por sustitución de importaciones que se venía registrando en muchos países de la región, en respuesta a las alteraciones registradas en el funcionamiento de la economía mundial a partir de la Primera Guerra Mundial. Según los técnicos de la CEPAL ello constituía el principal mecanismo para la superación del subdesarrollo de las economías latinoamericanas. A este respecto, el Estudio económico de América Latina del año 1949 (CEPAL, 1951), se enfatiza que en esta región no basta con incrementar el rendimiento en la producción primaria para elevar el nivel de ingresos, en tanto esto significa agrandar el exceso de población activa. Es preciso también, y fundamentalmente, absorber este sobrante, y para ello es decisivo el impulso al desarrollo de la industria y sus actividades asociadas.
A partir de lo expuesto, concluimos entonces que el grupo de países con el cual es comparada la Argentina sirve solo a los fines expositivos de una teoría, pero solo ese dato aislado no resulta relevante a la hora de establecer conclusiones con respecto al desarrollo económico de una nación.
c) Pensar en políticas de largo plazo que impliquen un desarrollo económico, nos remite inmediatamente a los estudios realizados por la CEPAL, organismo que estudia las economías latinoamericanas y que propone un análisis propio de la región en materia de políticas económicas para el desarrollo. Desde este enfoque algunas de las políticas a largo plazo que se buscarían implementar podrían ser las de promover las exportaciones industriales y redistribuir el ingreso de manera progresiva.
A la hora de pensar políticas públicas a largo plazo, cabe destacar que las economías se encuentran inmersas en un contexto de globalización, lo que implica la existencia de una intrínseca relación entre la globalización y el desarrollo económico de cada país.
Ferrer (2013) da cuenta de que el desarrollo económico requiere que las exportaciones e importaciones guarden un balance entre sus contenidos de tecnología y valor agregado para permitir que la estructura productiva interna pueda asimilar y difundir los avances del conocimiento y la tecnología. En relación con las inversiones de filiales de empresas trasnacionales, es preciso que su presencia no debilite las capacidades endógenas de desarrollo tecnológico. A su vez, el financiamiento internacional debe ser consistente con la capacidad de pagos externos y el equilibrio de los pagos internacionales. El rumbo económico radica en el estilo de inserción en el orden global es decir, en la calidad de las respuestas a los desafíos y oportunidades del mercado global.
Luego de lo expuesto podemos concluir que uno de los principales desafíos para lograr un desarrollo económico acorde a las necesidades de la región, es fortalecer aquello que Ferrer denomina como “densidad nacional”. Es decir, es fundamental poder empezar a construir los instrumentos que sirvan a la profundización de aquellas políticas orientadas al fortalecimiento del conjunto de circunstancias que determinan la calidad de las respuestas de cada nación frente a los desafíos y las oportunidades que ofrece el mercado global.
Poder pensar políticas que impulsen el desarrollo económico en base a la realidad objetiva de nuestro país es una condición indispensable para pensar en un crecimiento equitativo, que favorezca una acumulación en sentido amplio e impulse el desarrollo sostenido y sustentable. En términos regionales, es clave construir instancias de cooperación entre los países latinoamericanos. fortalecer nuestras respectivas densidades nacionales y adecuar nuestras respuestas a los desafíos y oportunidades de la globalización del orden mundial contemporáneo.
La teoría del desarrollo económico seleccionada del texto de Hidalgo Capitán es la Teoría neoliberal del desarrollo. Para los defensores de esta teoría el mercado es considerado como el mejor mecanismo de asignación de los recursos, así como garante de eficiencia, eficacia y libertad política y económica.
Esta teoría se fundamenta por un lado en la defensa de la eficacia del mercado y en las ventajas de la plena participación en el mercado internacional; junto con la crítica al modelo de industrialización por sustitución de importaciones con un claro sesgo antiexportador.
Los siete elementos principales que componen la teoría neoliberal del desarrollo son los siguientes:
- La desigualdad económica es un importante incentivo humano;
- Las operaciones del mercado no intervenidas maximizará la eficiencia y el bienestar económico;
- La obtención de beneficios mutuos en el mercado internacional;
- Una mínima intervención Estatal posible;
- La atención continua al problema de la asignación de recursos;
- La fascinación teórica por los análisis de equilibrio general y parcial;
- La gran importancia de los precios como números que contienen una importante información económica para la asignación de recursos.
Para el autor esta teoría es vista como una contrarrevolución a la teoría desarrollista, con el surgimiento de un nuevo interés y preocupación de la ciencia económica por el crecimiento tras la crisis de los años ‘70, sumado al triunfo político de los conservadores en países como EEUU, Alemania y el Reino Unido; y a la interpretación del éxito de los los países Asiáticos devenidos en nuevos países industriales, como consecuencia de la aplicación de las políticas neoliberales.
Esta corriente se presenta como principal crítica a la teoría desarrollista fundándose en ese redescubrimiento del mercado como garante de eficacia y libertad económica así como de salvaguardia política; desde el punto de vista de la planificación y la intervención estatal también surgen críticas dado que el estado retarda el avance económico, desvía recursos, tanto públicos como privados, de sectores más productivos, se cree que refuerza el autoritarismo, y desvincula la producción de la demanda del consumidor, reduciendo sus posibilidades.
“El mercado aparece de nuevo como la solución al problema del subdesarrollo, cuando en gran medida es una de sus causas”. (Hidalgo 1998 : 200) La teoría neoclásica considera al mercado como el mecanismo más efectivo y eficaz para la asignación de recursos además de ser la mejor garantía para la libertad política y económica; si bien el Estado debe evitar intervenir en la economía, para esta teoría en caso que sea imprescindible la intervención habrá que utilizar técnicas de análisis social coste – beneficio ya que lo que importa es la forma y la extensión de la intervención pública.
¿Qué es este análisis social coste – beneficio?, es una técnica microeconómica de gestión para la toma de decisiones sobre proyectos de inversión que podrían verse afectadas por las decisiones de consumo o inversión pública; los teóricos neoclásicos “plantean la sustitución de la planificación macroeconómica por técnicas microeconómicas de gestión, que supone una mejora en la asignación de recurso y, por tanto, una mayor eficiencia del sistema”(Hidalgo 1998 : 203). Esto representa un problema para el autor ya que los neoclásicos como los desarrollistas no logran darse cuenta que la sustitución de las técnicas macroeconómicas por las microeconómicas o viceversa no son la solución sino que deberían combinarse ambas.
Esta corriente de pensamiento económico, a diferencia de la desarrollista que propugnaba la Industrialización por sustitución de importaciones (ISI), aboga por la Industrialización por sustitución de exportaciones (ISE) basándose en el estudio de los denominados nuevos países industriales del Sudeste Asiático, el principal estudioso en esta materia es Bela Balassa, quien concluye que el crecimiento de los países que optaron por la ISE ha sido no sólo superior sino más sostenido, la distribución de la renta ha sido más positiva, con mayor absorción de mano de obra y pudieron ajustarse mucho mejor a las diferentes crisis petroleras, que los que lo hicieron por la ISI. Sin embargo siguiendo a Bustelo, podemos afirmar que optar por uno u otro mecanismo de industrialización no es la solución sino que el éxito de los países Asiáticos está dado por la adecuada combinación de los dos modelos.
Los economistas neoliberales encuentran dos causas fundamentales a las crisis económicas, por un lado el excesivo crecimiento del Estado, junto al proteccionismo de la regulación y del peso de las empresas públicas, muy numerosas e ineficientes; y por el otro, el denominado populismo económico, es decir, la incapacidad gubernamental de controlar el déficit público como las demandas de aumentos salariales, tanto del sector público como del sector privado.
Fundada en dos razones, una práctica y otra teórica la liberalización del comercio exterior que como dijimos es otro eje central de este modelo económico, la razón práctica es la obtención de divisas para afrontar los pagos de la deuda externa, mientras que la teórica es el aprovechamiento de las ventajas comparativas al comerciar libremente productos en los que cada país es más competitivo. Esta estrategia de liberalización comercial para ser efectiva debe ser acompañada de un control eficaz de la inflación ya que de existir una inflación elevada el efecto de la variación de los precios relativos de los productos tiende a desaparecer. Junto con estas propuestas encontramos la reforma del Estado, en términos monetarios la reforma significa una reforma del Banco Central implementando una política monetaria ortodoxa que evite la monetización del déficit. Y permita luego reducirlo mediante la reducción del gasto público, aumento de ingresos y la privatización del sector público empresarial.
Como venimos desarrollando, según esta corriente de pensamiento económico la privatización del sector público empresarial es aconsejada por varias razones:
- el mercado asigna más eficientemente los recursos que el Estado y el sector privado es mucho más productivo que el sector público
- la privatización de empresas permite obtener importantes ingresos a corto plazo, al venderse los activos, y a largo plazo a través de los impuestos
- se genera una reducción del gasto público al eliminarse las subvenciones estatales para afrontar las pérdidas o realizar nuevas inversiones
El viernes 17 de noviembre de 2017 el Poder Ejecutivo encabezado por el entonces Presidente de la República Mauricio Macri envió al Congreso Nacional el proyecto de Reforma Previsional.
El proyecto que más tarde se convertiría en ley tras jornadas de mucha tensión y conflictividad social constó de tres capítulos: el primero de ellos modificó el Índice de Movilidad Jubilatoria, el segundo estableció una garantía del 82% del Salario Mínimo Vital y Móvil, y en el tercero se presentó como una extensión de derechos la posibilidad que el trabajador o trabajadora
extienda su vida laboral hasta los 70 años.
«El gobierno está buscando recortar el enorme déficit público y reducir la inflación. Cuando disminuís la inflación la recaudación crece más», explicó Colina.
Es en este marco que debe entenderse tanto la modificación hacia la baja de la fórmula de actualización de las jubilaciones, como la decisión de inducir un aumento en la edad jubilatoria. Simple, al quitarle financiamiento al sistema, el objetivo del gobierno Macrista es reducir los haberes jubilatorios y disminuir el número de jubilados. La propuesta del Gobierno Nacional en materia previsional es menos jubilados y más barato, lo que termina significando un recorte en el gasto público de las arcas del Estado.
Se puede observar que ese mismo año, el presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo contaba con casi un 56% del gasto corriente que correspondía a prestaciones de la seguridad social, sumado a las metas de reducción del déficit primario (antes del pago de intereses de la deuda). Esto ocurrió en un contexto de desfinanciamiento generalizado vía cambios impositivos y reducción de contribuciones patronales, con lo cual, fue inevitable que el recorte fuese forzosamente mermando el ingreso de los jubilados. Déficit que luego del pago de la deuda (déficit financiero) se expande de manera inmanejable e inexorable al compás del endeudamiento que esta gestión propuso (120000 millones de dólares al cabo del 2018).
En palabras del economista Claudio Lozano, esto significa que los jubilados, potenciados por los tarifazos que soporta el pueblo argentino son las víctimas fundamentales de una lógica fiscal regresiva, que al tiempo que resigna recaudación adquiere un endeudamiento impagable.
En suma, es importante destacar algunos aspectos de esta propuesta.
En relación a la teoría neoliberal desarrollada en el primer ítem de este punto rescatamos dos observaciones. La primera va en línea con los objetivos expresados de que salarios y jubilaciones sumado a los tarifazos sean incluidas como variables de ajuste para las cuentas públicas y en base esto realizar una reforma tributaria que reasigne recursos en favor de los grupos empresarios. En Segundo lugar, que se planteó una fórmula combinada entre la inflación y el índice RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables), algo similar a la aplicada por Cavallo en los ‘90 cuando se intentó privatizar el sistema previsional indicando que las AFJP eran mucho más eficientes y eficaces en el manejo del dinero de los aportantes, y que como se ha comprobado con el paso de los años no fue así.
BIBLIOGRAFÍA
- BECKER, V Y MOCHÓN: “Economía. Principios y aplicaciones.” Segunda Edición Mac Graw Hill
- DORNBUSCH, R. Y FISCHER, S.: “Macroeconomía”, Cap. 1, Mc Graw Hill.
- FERRER, A.: “La importancia de las ideas propias sobre el desarrollo y la globalización
Problemas del Desarrollo”. Revista Latinoamericana de Economía, vol. 44, núm. 173, abril-junio, 2013, pp. 163-174. Universidad Nacional Autónoma de México. Distrito Federal, México. Recuperado de: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11826145008
- FERRER, A. (con la colaboración de Rougier, M.) (2008): La economía argentina: desde sus orígenes hasta principios del siglo XXI. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires.
- HIDALGO CAPITÁN, ANTONIO LUIS (1998): El pensamiento económico sobre desarrollo. De los mercantilistas al PNUD, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva, Huelva
- KOSACOFF, B. Y KATZ, J. (1989). El proceso de Industrialización en la Argentina: Evolución, Retroceso y Prospectiva, CEPAL
- NAHÓN, C. RODRÍGUEZ ENRÍQUEZ, C. MARTÍN SCHORR, M. “El pensamiento latinoamericano en el campo del desarrollo del subdesarrollo: trayectoria, rupturas y continuidades”.
- FERNANDEZ, H. LOZANO, C. “Informe sobre la Reforma Previsional de Macri, Desfinanciamiento del Sistema, reducción de los haberes jubilatorios y disminución del número de jubilados”. Disponible en: https://ipypp.org.ar/2017/11/28/menos-jubilados-mas-baratos-la-propuesta-indecente-macri-abuelos/
- TANZI, V. SCHUKNECHT, L (1996) “Reforma del estado en países industriales”, Finanzas y Desarrollo, pp. 2-5; Washington, DC.